Ponencia de Francisco Javier
Ortiz Tirado Kelly
Javier Oteka [1]
Javier Oteka [1]
Ciudad de México, abril 7,
2017.
Buenas tardes.
Participando principalmente en el sector de producción de cine y medios audiovisuales, pero sensible y consciente de las otras expresiones culturales y artísticas, tomaré como ejemplo casos relativos al cine a partir de los cuales puede hacerse una extrapolación al resto de las formas y los medios.
Más por cuestiones políticas, jurídicas y de intereses oscuros, que de organicidad y eficacia, el sistema de apoyos del Estado al cine se ha convertido en una maraña confusa y laberíntica que provee su hábitat a redes clientelares y de corrupción que producen las películas que supuestamente deberían llegar al mayor número posible de mexicanos.
Lamentablemente, las películas nacionales sólo llegan al 9.5% de la población. [2]
Una de las principales razones de ello tiene su origen en la política que impuso el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, inspirado por el neoliberalismo tan desacreditado hoy, y que en este ramo dio como resultado la Ley Federal de Cinematografía que sigue vigente y, en lo general, el Tratado de Libre Comercio que vino a perjudicar la situación de nuestra industria de producción de cine nacional.
El sector de la exhibición, hoy controlado en un 95% por el duopolio de Cinépolis y de Cinemex, optó por abrir sin límites las puertas a la industria estadounidense en perjuicio de nuestro cine y, por ende, de nuestra identidad y nuestros valores culturales. El resultado de ello es que el 87% del tiempo de las pantallas a nivel nacional lo invaden películas estadounidenses, con la complicidad de instituciones y funcionarios públicos.
Quisiera recordar a nuestros legisladores que la soberanía nacional no se viola únicamente cuando México pierde más del 50% de su territorio físico, sino también cuando casi el 90% del tiempo de nuestras pantallas cinematográficas se entrega sistemáticamente a la industria de esa misma nación que no ha cesado de invadirnos.
Y ha habido colusión de funcionarios públicos cuando, por ejemplo, la COFECE no ha puesto freno a prácticas monopólicas como por ejemplo el dumping, que es una maña comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Esto se advierte al comparar el precio promedio del boleto en México que oscila entre 2 y 3 dólares, en tanto que en Estados Unidos está a casi 9 dólares. Más de tres veces más caro que aquí.
El sector de exhibición que también controla a la CANACINE, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, ha publicado con bombo y platillo sus grandes éxitos mercantiles. Ha festejado, por ejemplo, el continuo crecimiento de las asistencias a sus salas, en las que vendió 321 millones de boletos en el 2016, que implica una frecuencia de 2.6 veces por mexicano al año.
Lo que Canacine no destaca en su falaz discurso es que las películas mexicanas en las salas mexicanas, tuvieron en el 2016 una cuota de participación de mercado del 9.5%, medida en asistentes. ¿Por qué? Principalmente porque la industria de cine nacional no recibe un trato justo frente a los arreglos oligopólicos entre las "majors" (estudios) estadounidenses y el duopolio mexicano de la exhibición que, a diferencia del trato que hoy reciben las televisoras y las telefónicas a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante un nuevo intento de equilibrar su dominancia en el mercado, el duopolio de exhibición de cine, en cambio, actúa con absoluta impunidad y vigilancia cero.
La Secretaría de Gobernación, a través de RTC, que debería vigilar y sancionar cuando los exhibidores no cumplen con la Ley Federal de Cinematografía que los obliga a destinar un mínimo deslactosado[3] del 10% de su tiempo pantalla a las películas mexicanas, ni siquiera formula ni proporciona reportes accesibles por la vía del INAI, sino que invita a examinar in situ la maraña de datos que le pasan las empresas del duopolio.
El duopolio también presume que México es el cuarto país en venta de boletos y uno de los que más barato los vende al público. ¡Claro, pues cómo no, si las "majors" se los venden con tremendo dumping! ¿Por qué los boletos para películas estadounidenses se venden en México a precios tan bajos, y en cambio los automóviles del mismo origen, no?
Por la simple razón de que el cine y la industria de las comunicaciones y del entretenimiento son estratégicas para dominar los corazones y las mentes de sus conquistados. Son temas de su seguridad nacional.
Es paradójico que en días recientes, haya sido el presidente de Estados Unidos, más que el nuestro, el que se pronunció acerca de los inconvenientes del Tratado de Libre Comercio.
Insisto, a nosotros en el sector de producción de la industria nacional de cine, el TLCAN nos ha perjudicado en forma apabullante.
Se preguntarán, entonces, ¿por qué en los medios suelen aparecer tantas noticias del éxito de nuestro cine en el extranjero?
Resulta que la mayoría de las películas nacionales, que en taquilla tienen resultados deplorables, participan en 133 festivales nacionales y en muchos de los 3,000 festivales internacionales. De modo que prácticamente todas las películas mexicanas, buenas o malas, tienen en su haber uno o varios premios que obviamente no dejan de cacarear.
Pero lo que es el retorno de los recursos, que rarísima vez regresa al Imcine y a sus fideicomisos, no llega ni al 10% de la inversión.... ni siquiera a la inversión de Fidecine cuya misión es apoyar películas con viabilidad comercial para incrementar su fondo.
Al cabo de estos más de 10 años de que el Estado ha apoyado a los productores con recursos públicos, no se ha consolidado una industria autosustentable, básicamente debido a los problemas mencionados de las prácticas monopólicas de los exhibidores y distribuidores coludidos con el gobierno, sino porque el sistema de incentivos y de apoyos es complicadísimo, con reglas de operación distintas y cambiantes año con año, y al que sólo puede accederse por la vía del compadrazgo y/o de la mochada.
Por ejemplo, ¿para qué sirve que el Comité Interinstitucional del Eficine se apoye de grupos técnicos de evaluación de los proyectos, si sus recomendaciones no son vinculantes y las decisiones se dejan a la discreción del todopoderoso triunvirato integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Cultura y del Imcine?
Hasta antes de la publicación de las recientes reglas de operación del Eficine, quienes más ganaban en la producción de las películas eran los intermediarios, o brokers, o gestores, como debía llamárseles en los documentos que se exigían en las carpetas de producción, y a quienes podía pagárseles, oficialmente, hasta el 5% del monto del incentivo. Eso ya fue prohibido porque era un escándalo, tanto como la bulla causada por los abusos que continúan por parte de los contribuyentes aportantes que, debido a la visión neoliberal, sustituyeron buena parte del mecenazgo del Estado en orden a decidir, desde su ideología empresarial y política, cuáles películas se financian y cuáles no. Hay casos en los que las empresas contribuyentes, a fin de asignarles sus créditos fiscales a los sujetos de apoyo o casas productoras responsables de los proyectos, les exigen hasta el 100% de retorno de su supuesta inversión, que de hecho no es suya, sino de lo que ellos deben al erario. Es decir, los susodichos aportantes viajan con bandera de mecenas, pero quien realmente lo es, es el pueblo que paga sus impuestos y que no recibe los beneficios que debiera.
El caso del fideicomiso denominado Fidecine, se cuece aparte. Su Comité Técnico está integrado en forma mixta entre representantes del gobierno; del sindicato STPC, que por un vicio de la Ley Federal de Cinematografía excluyó a los demás sindicatos; de la Academia de Cine y de cada uno de los tres sectores de la industria, el de exhibición, el de distribución y el de producción. Este Comité Técnico, supuestamente, debe integrarse con miembros que actúen en forma "honoraria". Y en efecto no cobran honorarios por su participación, pero hemos documentado casos en los que miembros de dicho Comité se auto asignan millonarios apoyos, violando el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía. Además, también está probado que en este Comité favorecen a los miembros de su red de corrupción.
A lo más que han llegado nuestras denuncias por las vías jurídicas, ha sido a que la Secretaría de la Función Pública sancionara a la anterior Directora General del Imcine, por negligencia administrativa, recibiendo la inhabilitación durante 10 años y una sanción económica de cerca de 15 millones de pesos, sanciones que está litigando en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ese caso, aunado al de uno de los Secretarios Ejecutivos que tuvo Fidecine, son los más sonados en materia de lucha contra la corrupción. Pero la impunidad hasta ahora, va ganando.
Muchos miembros de la comunidad cinematográfica, no la mayoría afortunadamente, salieron en defensa de la ex directora del Imcine, ya que le compraron el argumento de su defensa que consiste en que el ex titular del Órgano Interno de Control en el Imcine, actuó por venganza en su contra, y que sin duda se trató de una persecución política.
Dicho ex titular del Órgano Interno de Control, fue despedido por atreverse a actuar con honestidad. En su lugar, en tiempos del presidente Calderón, el Secretario de la Función Pública nombró a una nueva titular en el órgano del Imcine. ¿A quién? Nada menos que a la sobrina del entonces presidente Calderón a quien el Senado de la República acababa de despedir, entre otras cosas, por realizar el 80% y no el 20% de las compras mediante asignación directa y no por medio de concursos.
¿Cómo entender que una parte considerable de una comunidad apoye semejante argumento, el de declararse una perseguida política y no una corrupta?
Fácil. El Imcine y sus fondos se han utilizado, sin rodeos, para 'maicear' a un importante segmento de los hacedores de películas. Los ha dotado de muy diversos apoyos, pequeños y millonarios, según la categoría y la función que desempeñan. Es así que ha creado toda una red clientelar cuyos integrantes tienen pánico de denunciar porque podrían ser vetados.
Ese maiceo ha servido, en lo fundamental, para que la comunidad no se manifieste contundentemente en contra de todo este sistema que, al final de cuentas, a quien más beneficia es a la industria de cine estadounidense y al duopolio mexicano de la exhibición que se ha capitalizado en forma inaudita y gracias a ello ha emprendido su trasnacionalización.
Los realizadores de cine se han conformado con que sus películas se proyecten, salvo muy escasas excepciones, como máximo un fin de semana en pantalla grande; porque si no llegan a la infausta cuota que el duopolio les impone, les retiran las películas. Y se las retiran pese a que el duopolio no mantiene ocupada, ni siquiera al 25%, su capacidad instalada.
Los 800 millones de pesos que el Estado destinó a la producción, y que el Imcine reportó en su Anuario de 2016, lograron incrementar la cantidad de películas a 162; pero resulta que, como lo denunció el cineasta Paul Leduc al recibir el Ariel de Oro 2016 por su trayectoria, lo que el Imcine coproduce es un cine "invisible". ¿Por qué? Básicamente porque a diferencia de lo que en Estados Unidos se invierte en la promoción, el presupuesto que asigna el Estado en México, no le destina ni el 10%. En Estados Unidos, a la promoción le invierten entre el 50% y el 100% respecto a sus costos de producción.
Es así, de nuevo, que todo parece estar orientado a que nuestro cine fracase y le deje la cancha libre de este lado del muro de Trump, a nuestros vecinos que vienen del otro lado.
Cabe señalar que otro factor obstaculizante, ha sido el malinchismo de los malformados consumidores de las clases medias y altas que son quienes frecuentan las salas comerciales, las cuales son la inmensa mayoría porque los circuitos culturales no llegan ni al 0.5% de las asistencias totales; y porque a la mayoría del pueblo el cine en salas le resulta inaccesible, ya que si bien es de los más baratos del mundo, como afirma Canacine, es muy caro como proporción del salario mínimo en México; además de que las salas comerciales no están presentes en la mayoría de las localidades de nuestro país.
En fin, habría mucho más que decir, pero por limitaciones de tiempo basémonos en lo anterior y en que ha hecho falta una reforma legal en materia de cine y de cultura en general, que es el tema que nos congrega.
El artículo 4° de nuestra Constitución, en materia de cultura, a la letra dice:
"Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural".
Exijimos que la nueva Ley Federal de Cultura, a fin de garantizar que se apegue a la letra y al espíritu de nuestra carta magna, sea constituida para facilitar la DEMOCRATIZACIÓN del acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el Estado.
¿Cómo?
En primer lugar, el proyecto de ley publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Parlamentaria por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, no debiera ser tan abstracto y parcial, al hablar sólo de cuatro instituciones: la Secretaría de Cultura, el INBA, el INAH y el FONCA. A las instituciones de cine ni siquiera las menciona a este nivel de ley.
En términos más específicos, la democratización debe aterrizar, por ejemplo, en legislar que en lugar de comités burocráticos y de personalidades "honorarias" que deciden a qué películas apoyar, o a qué obras de teatro, o a qué autores, o a qué personajes y compañías de música y de danza, o a qué artistas plásticos, etc., se diseñe un apoyo y estímulo, fácil de otorgar al total de la población, o por lo menos a una considerable parte, para que sea el público quien decida a qué películas mexicanas quiere asistir, cuáles obras de teatro quiere ver, qué libros leer, etc.
Que sea el público, el ciudadano, quien mediante una tarjeta/monedero electrónico, fondeada por el Estado, decida su acceso o su compra. Que mediante un sistema en línea de votación, el público elija los proyectos que quisiera se produzcan y se presenten con el apoyo del Estado. Y ya producidos y presentados, que el público vote por quienes quiere que reciban más estímulos y apoyos para continuar creando.
Y ya que se trata de recursos públicos, tanto la Sociedad como el Estado, en una democracia, tenemos la responsabilidad de su CUIDADO meticuloso.
Es así que la Ley Federal de Cultura debe establecer la obligación, por parte de los sujetos de apoyo y de los productores de bienes y servicios culturales, de aceptar que sus contabilidades relativas a proyectos apoyados con recursos públicos y estimulados fiscalmente, sean plenamente transparentes al deber llevarse en sistemas abiertos al público que quiera consultarlas vía Internet. Si los productores no quieren que sus contabilidades se transparenten públicamente, pues que renuncien al beneficio de trabajar con recursos públicos, así de fácil.
Transparente cuestión de DEMOCRACIA y de CUIDADO de los recursos que la Sociedad se provee, a través del gobierno, para crear y compartir su cultura.
Ojalá que estas ideas sean tomadas en serio por nuestros legisladores.
¡Muchas gracias por su atención!
Participando principalmente en el sector de producción de cine y medios audiovisuales, pero sensible y consciente de las otras expresiones culturales y artísticas, tomaré como ejemplo casos relativos al cine a partir de los cuales puede hacerse una extrapolación al resto de las formas y los medios.
Más por cuestiones políticas, jurídicas y de intereses oscuros, que de organicidad y eficacia, el sistema de apoyos del Estado al cine se ha convertido en una maraña confusa y laberíntica que provee su hábitat a redes clientelares y de corrupción que producen las películas que supuestamente deberían llegar al mayor número posible de mexicanos.
Lamentablemente, las películas nacionales sólo llegan al 9.5% de la población. [2]
Una de las principales razones de ello tiene su origen en la política que impuso el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, inspirado por el neoliberalismo tan desacreditado hoy, y que en este ramo dio como resultado la Ley Federal de Cinematografía que sigue vigente y, en lo general, el Tratado de Libre Comercio que vino a perjudicar la situación de nuestra industria de producción de cine nacional.
El sector de la exhibición, hoy controlado en un 95% por el duopolio de Cinépolis y de Cinemex, optó por abrir sin límites las puertas a la industria estadounidense en perjuicio de nuestro cine y, por ende, de nuestra identidad y nuestros valores culturales. El resultado de ello es que el 87% del tiempo de las pantallas a nivel nacional lo invaden películas estadounidenses, con la complicidad de instituciones y funcionarios públicos.
Quisiera recordar a nuestros legisladores que la soberanía nacional no se viola únicamente cuando México pierde más del 50% de su territorio físico, sino también cuando casi el 90% del tiempo de nuestras pantallas cinematográficas se entrega sistemáticamente a la industria de esa misma nación que no ha cesado de invadirnos.
Y ha habido colusión de funcionarios públicos cuando, por ejemplo, la COFECE no ha puesto freno a prácticas monopólicas como por ejemplo el dumping, que es una maña comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su costo de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado. Esto se advierte al comparar el precio promedio del boleto en México que oscila entre 2 y 3 dólares, en tanto que en Estados Unidos está a casi 9 dólares. Más de tres veces más caro que aquí.
El sector de exhibición que también controla a la CANACINE, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, ha publicado con bombo y platillo sus grandes éxitos mercantiles. Ha festejado, por ejemplo, el continuo crecimiento de las asistencias a sus salas, en las que vendió 321 millones de boletos en el 2016, que implica una frecuencia de 2.6 veces por mexicano al año.
Lo que Canacine no destaca en su falaz discurso es que las películas mexicanas en las salas mexicanas, tuvieron en el 2016 una cuota de participación de mercado del 9.5%, medida en asistentes. ¿Por qué? Principalmente porque la industria de cine nacional no recibe un trato justo frente a los arreglos oligopólicos entre las "majors" (estudios) estadounidenses y el duopolio mexicano de la exhibición que, a diferencia del trato que hoy reciben las televisoras y las telefónicas a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante un nuevo intento de equilibrar su dominancia en el mercado, el duopolio de exhibición de cine, en cambio, actúa con absoluta impunidad y vigilancia cero.
La Secretaría de Gobernación, a través de RTC, que debería vigilar y sancionar cuando los exhibidores no cumplen con la Ley Federal de Cinematografía que los obliga a destinar un mínimo deslactosado[3] del 10% de su tiempo pantalla a las películas mexicanas, ni siquiera formula ni proporciona reportes accesibles por la vía del INAI, sino que invita a examinar in situ la maraña de datos que le pasan las empresas del duopolio.
El duopolio también presume que México es el cuarto país en venta de boletos y uno de los que más barato los vende al público. ¡Claro, pues cómo no, si las "majors" se los venden con tremendo dumping! ¿Por qué los boletos para películas estadounidenses se venden en México a precios tan bajos, y en cambio los automóviles del mismo origen, no?
Por la simple razón de que el cine y la industria de las comunicaciones y del entretenimiento son estratégicas para dominar los corazones y las mentes de sus conquistados. Son temas de su seguridad nacional.
Es paradójico que en días recientes, haya sido el presidente de Estados Unidos, más que el nuestro, el que se pronunció acerca de los inconvenientes del Tratado de Libre Comercio.
Insisto, a nosotros en el sector de producción de la industria nacional de cine, el TLCAN nos ha perjudicado en forma apabullante.
Se preguntarán, entonces, ¿por qué en los medios suelen aparecer tantas noticias del éxito de nuestro cine en el extranjero?
Resulta que la mayoría de las películas nacionales, que en taquilla tienen resultados deplorables, participan en 133 festivales nacionales y en muchos de los 3,000 festivales internacionales. De modo que prácticamente todas las películas mexicanas, buenas o malas, tienen en su haber uno o varios premios que obviamente no dejan de cacarear.
Pero lo que es el retorno de los recursos, que rarísima vez regresa al Imcine y a sus fideicomisos, no llega ni al 10% de la inversión.... ni siquiera a la inversión de Fidecine cuya misión es apoyar películas con viabilidad comercial para incrementar su fondo.
Al cabo de estos más de 10 años de que el Estado ha apoyado a los productores con recursos públicos, no se ha consolidado una industria autosustentable, básicamente debido a los problemas mencionados de las prácticas monopólicas de los exhibidores y distribuidores coludidos con el gobierno, sino porque el sistema de incentivos y de apoyos es complicadísimo, con reglas de operación distintas y cambiantes año con año, y al que sólo puede accederse por la vía del compadrazgo y/o de la mochada.
Por ejemplo, ¿para qué sirve que el Comité Interinstitucional del Eficine se apoye de grupos técnicos de evaluación de los proyectos, si sus recomendaciones no son vinculantes y las decisiones se dejan a la discreción del todopoderoso triunvirato integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Cultura y del Imcine?
Hasta antes de la publicación de las recientes reglas de operación del Eficine, quienes más ganaban en la producción de las películas eran los intermediarios, o brokers, o gestores, como debía llamárseles en los documentos que se exigían en las carpetas de producción, y a quienes podía pagárseles, oficialmente, hasta el 5% del monto del incentivo. Eso ya fue prohibido porque era un escándalo, tanto como la bulla causada por los abusos que continúan por parte de los contribuyentes aportantes que, debido a la visión neoliberal, sustituyeron buena parte del mecenazgo del Estado en orden a decidir, desde su ideología empresarial y política, cuáles películas se financian y cuáles no. Hay casos en los que las empresas contribuyentes, a fin de asignarles sus créditos fiscales a los sujetos de apoyo o casas productoras responsables de los proyectos, les exigen hasta el 100% de retorno de su supuesta inversión, que de hecho no es suya, sino de lo que ellos deben al erario. Es decir, los susodichos aportantes viajan con bandera de mecenas, pero quien realmente lo es, es el pueblo que paga sus impuestos y que no recibe los beneficios que debiera.
El caso del fideicomiso denominado Fidecine, se cuece aparte. Su Comité Técnico está integrado en forma mixta entre representantes del gobierno; del sindicato STPC, que por un vicio de la Ley Federal de Cinematografía excluyó a los demás sindicatos; de la Academia de Cine y de cada uno de los tres sectores de la industria, el de exhibición, el de distribución y el de producción. Este Comité Técnico, supuestamente, debe integrarse con miembros que actúen en forma "honoraria". Y en efecto no cobran honorarios por su participación, pero hemos documentado casos en los que miembros de dicho Comité se auto asignan millonarios apoyos, violando el artículo 56 del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía. Además, también está probado que en este Comité favorecen a los miembros de su red de corrupción.
A lo más que han llegado nuestras denuncias por las vías jurídicas, ha sido a que la Secretaría de la Función Pública sancionara a la anterior Directora General del Imcine, por negligencia administrativa, recibiendo la inhabilitación durante 10 años y una sanción económica de cerca de 15 millones de pesos, sanciones que está litigando en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Ese caso, aunado al de uno de los Secretarios Ejecutivos que tuvo Fidecine, son los más sonados en materia de lucha contra la corrupción. Pero la impunidad hasta ahora, va ganando.
Muchos miembros de la comunidad cinematográfica, no la mayoría afortunadamente, salieron en defensa de la ex directora del Imcine, ya que le compraron el argumento de su defensa que consiste en que el ex titular del Órgano Interno de Control en el Imcine, actuó por venganza en su contra, y que sin duda se trató de una persecución política.
Dicho ex titular del Órgano Interno de Control, fue despedido por atreverse a actuar con honestidad. En su lugar, en tiempos del presidente Calderón, el Secretario de la Función Pública nombró a una nueva titular en el órgano del Imcine. ¿A quién? Nada menos que a la sobrina del entonces presidente Calderón a quien el Senado de la República acababa de despedir, entre otras cosas, por realizar el 80% y no el 20% de las compras mediante asignación directa y no por medio de concursos.
¿Cómo entender que una parte considerable de una comunidad apoye semejante argumento, el de declararse una perseguida política y no una corrupta?
Fácil. El Imcine y sus fondos se han utilizado, sin rodeos, para 'maicear' a un importante segmento de los hacedores de películas. Los ha dotado de muy diversos apoyos, pequeños y millonarios, según la categoría y la función que desempeñan. Es así que ha creado toda una red clientelar cuyos integrantes tienen pánico de denunciar porque podrían ser vetados.
Ese maiceo ha servido, en lo fundamental, para que la comunidad no se manifieste contundentemente en contra de todo este sistema que, al final de cuentas, a quien más beneficia es a la industria de cine estadounidense y al duopolio mexicano de la exhibición que se ha capitalizado en forma inaudita y gracias a ello ha emprendido su trasnacionalización.
Los realizadores de cine se han conformado con que sus películas se proyecten, salvo muy escasas excepciones, como máximo un fin de semana en pantalla grande; porque si no llegan a la infausta cuota que el duopolio les impone, les retiran las películas. Y se las retiran pese a que el duopolio no mantiene ocupada, ni siquiera al 25%, su capacidad instalada.
Los 800 millones de pesos que el Estado destinó a la producción, y que el Imcine reportó en su Anuario de 2016, lograron incrementar la cantidad de películas a 162; pero resulta que, como lo denunció el cineasta Paul Leduc al recibir el Ariel de Oro 2016 por su trayectoria, lo que el Imcine coproduce es un cine "invisible". ¿Por qué? Básicamente porque a diferencia de lo que en Estados Unidos se invierte en la promoción, el presupuesto que asigna el Estado en México, no le destina ni el 10%. En Estados Unidos, a la promoción le invierten entre el 50% y el 100% respecto a sus costos de producción.
Es así, de nuevo, que todo parece estar orientado a que nuestro cine fracase y le deje la cancha libre de este lado del muro de Trump, a nuestros vecinos que vienen del otro lado.
Cabe señalar que otro factor obstaculizante, ha sido el malinchismo de los malformados consumidores de las clases medias y altas que son quienes frecuentan las salas comerciales, las cuales son la inmensa mayoría porque los circuitos culturales no llegan ni al 0.5% de las asistencias totales; y porque a la mayoría del pueblo el cine en salas le resulta inaccesible, ya que si bien es de los más baratos del mundo, como afirma Canacine, es muy caro como proporción del salario mínimo en México; además de que las salas comerciales no están presentes en la mayoría de las localidades de nuestro país.
En fin, habría mucho más que decir, pero por limitaciones de tiempo basémonos en lo anterior y en que ha hecho falta una reforma legal en materia de cine y de cultura en general, que es el tema que nos congrega.
El artículo 4° de nuestra Constitución, en materia de cultura, a la letra dice:
"Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural".
Exijimos que la nueva Ley Federal de Cultura, a fin de garantizar que se apegue a la letra y al espíritu de nuestra carta magna, sea constituida para facilitar la DEMOCRATIZACIÓN del acceso a los bienes y servicios culturales que proporciona el Estado.
¿Cómo?
En primer lugar, el proyecto de ley publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Parlamentaria por la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, no debiera ser tan abstracto y parcial, al hablar sólo de cuatro instituciones: la Secretaría de Cultura, el INBA, el INAH y el FONCA. A las instituciones de cine ni siquiera las menciona a este nivel de ley.
En términos más específicos, la democratización debe aterrizar, por ejemplo, en legislar que en lugar de comités burocráticos y de personalidades "honorarias" que deciden a qué películas apoyar, o a qué obras de teatro, o a qué autores, o a qué personajes y compañías de música y de danza, o a qué artistas plásticos, etc., se diseñe un apoyo y estímulo, fácil de otorgar al total de la población, o por lo menos a una considerable parte, para que sea el público quien decida a qué películas mexicanas quiere asistir, cuáles obras de teatro quiere ver, qué libros leer, etc.
Que sea el público, el ciudadano, quien mediante una tarjeta/monedero electrónico, fondeada por el Estado, decida su acceso o su compra. Que mediante un sistema en línea de votación, el público elija los proyectos que quisiera se produzcan y se presenten con el apoyo del Estado. Y ya producidos y presentados, que el público vote por quienes quiere que reciban más estímulos y apoyos para continuar creando.
Y ya que se trata de recursos públicos, tanto la Sociedad como el Estado, en una democracia, tenemos la responsabilidad de su CUIDADO meticuloso.
Es así que la Ley Federal de Cultura debe establecer la obligación, por parte de los sujetos de apoyo y de los productores de bienes y servicios culturales, de aceptar que sus contabilidades relativas a proyectos apoyados con recursos públicos y estimulados fiscalmente, sean plenamente transparentes al deber llevarse en sistemas abiertos al público que quiera consultarlas vía Internet. Si los productores no quieren que sus contabilidades se transparenten públicamente, pues que renuncien al beneficio de trabajar con recursos públicos, así de fácil.
Transparente cuestión de DEMOCRACIA y de CUIDADO de los recursos que la Sociedad se provee, a través del gobierno, para crear y compartir su cultura.
Ojalá que estas ideas sean tomadas en serio por nuestros legisladores.
¡Muchas gracias por su atención!
[1] Acrónimo de Fco. Javier Ortiz Tirado Kelly, estratega
y creativo en comunicación, mercadotecnia y alta administración; escritor,
director y productor de cine y demás medios.
[2] Cifra resultante a partir del cruzamiento de datos del resumen del Anuario Estadístico 2016 del Imcine.
[3] Deslactosado, porque la nueva Ley de Cine fue rebajando ese porcentaje que antes fue hasta del 50% para el cine mexicano.
[2] Cifra resultante a partir del cruzamiento de datos del resumen del Anuario Estadístico 2016 del Imcine.
[3] Deslactosado, porque la nueva Ley de Cine fue rebajando ese porcentaje que antes fue hasta del 50% para el cine mexicano.
Buenísima investigación.
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